<p>Alberto Silva examina minuciosamente el concepto jurídico de <strong>Acción</strong> en un contexto venezolano definiéndolo como un derecho constitucional bilateral dinámico y proyectado ejercido por las partes para instigar un proceso judicial con el fin de satisfacer pretensiones.</p><p>Un tema central es la distinción entre <strong>Acción</strong> y <strong>Jurisdicción</strong> destacando que solo esta última monopolizada por el Estado posee el imperium necesario (poder de ejecución coercitiva) para hacer cumplir sentencias definitivas capacidad de la que carece intrínsecamente el arbitraje.</p><p>La discusión también explora principios procesales fundamentales como la necesidad de la ejecución judicial para la resolución definitiva de un conflicto la importancia de la <strong>Tutela Jurídica Efectiva</strong> y la igualdad de las partes en el proceso judicial contrastando el papel de los jueces profesionales con el de los jurados o asesores legos como representantes directos de la soberanía popular.</p>
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